MELELLA BUSCA AHOGAR A LOS MUNICIPIOS

La discusión por el Impuesto Inmobiliario volvió a instalarse en el centro de la escena política fueguina luego de que comenzara a circular un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que busca restablecer la plena vigencia y exigibilidad del tributo en la órbita provincial.

La iniciativa, acompañada por legisladores de FORJA, propone dejar sin efecto la suspensión vigente y avanzar nuevamente sobre una potestad tributaria que históricamente fue administrada por los municipios, convirtiéndose junto al Automotor en una de las principales fuentes de financiamiento local.

El proyecto establece que “el Impuesto Inmobiliario recupera plena vigencia y exigibilidad en todo el territorio de la Provincia” y dispone que los fondos recaudados tengan una afectación específica destinada al financiamiento de salud y educación pública. Además, faculta a la AREF a reglamentar su implementación y definir planes de facilidades para contribuyentes.
La avanzada del Gobierno provincial se produce apenas días después de la aprobación legislativa del mecanismo de goteo diario de coparticipación, una herramienta impulsada por los municipios para evitar demoras y retenciones en el envío de fondos. Sin embargo, el propio gobernador Gustavo Melella adelantó públicamente que analiza vetar la norma, lo que profundizó aún más el malestar y la preocupación de las administraciones municipales.

En distintos sectores políticos, la decisión de avanzar nuevamente sobre el Impuesto Inmobiliario es interpretada como una señal de confrontación directa con los municipios y una nueva maniobra para concentrar recursos económicos en la órbita provincial.

El conflicto por este tributo no es nuevo. Durante la gestión de Rosana Bertone, la Provincia ya había intentado recuperar el control del Impuesto Inmobiliario mediante una reforma del Código Fiscal. Aquella decisión generó un fuerte rechazo de los intendentes, quienes denunciaron una vulneración de las autonomías municipales y llevaron el caso a la Justicia.
Aunque en aquel momento la resolución judicial favoreció a la Provincia, la medida nunca llegó a implementarse plenamente debido al nivel de conflicto político e institucional que generó.

Ahora, con este nuevo intento y el posible veto a la Ley de Goteo Diario, distintos sectores advierten que el Gobierno provincial busca avanzar sobre recursos esenciales para el funcionamiento de los municipios, afectando la autonomía financiera de las ciudades y poniendo en riesgo servicios, obras y políticas públicas locales.