REBOTE GENERALIZADO Y ESCÁNDALO EN LA LEGISLATURA: LA CRISIS FAMILIAR DETRÁS DEL RECLAMO DE LA LIBERTAD AVANZA

REBOTE GENERALIZADO Y ESCÁNDALO EN LA LEGISLATURA: LA CRISIS FAMILIAR DETRÁS DEL RECLAMO DE LA LIBERTAD AVANZA

29/06/2026 | Tras las duras acusaciones de la legisladora Natalia Gracianía sobre supuestas irregularidades en el concurso de la Defensoría de la Niñez, se filtró que las principales damnificadas por los filtros legales fueron la madre y la hermana del diputado nacional Santiago Pauli. El dictamen fulminante de la Comisión Evaluadora dejó al descubierto que ninguna de las dos familiares del referente libertario cumplía con los requisitos mínimos de residencia, título e idoneidad que exige la Ley 1466 para resguardar el cargo.

El ámbito legislativo provincial se transformó en el escenario de un fuerte cruce político que amenaza con dinamitar el discurso de la "anticasta" que el partido La Libertad Avanza sostiene a nivel nacional. La controversia estalló luego de que la legisladora provincial Natalia Gracianía utilizara el recinto y los micrófonos mediáticos para denunciar una supuesta falta de transparencia y la existencia de criterios arbitrarios en el proceso de selección para el Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, lo que se presentó inicialmente como una cruzada institucional por la legalidad, rápidamente demostró tener un trasfondo de marcado interés doméstico y de posicionamiento de cargos.

Ocurre que, en un llamativo ejercicio de omisión discursiva, la parlamentaria libertaria omitió mencionar ante la opinión pública que entre los legajos rechazados por la Comisión Evaluadora se encontraban, precisamente, las postulaciones de Carolina Pauli y Laura Almirón de Pauli, hermana y madre del actual diputado nacional por Tierra del Fuego, Santiago Pauli. Los dictámenes técnicos emitidos por el órgano de control parlamentario, lejos de responder a una persecución política, determinaron de manera taxativa que ambas aspirantes no reunían las condiciones de admisibilidad obligatorias estipuladas por la Resolución de Cámara N.º 193/24.

El informe final de la comisión fue letal para las aspiraciones del clan familiar, detallando que las postulantes no lograron acreditar los cinco años de residencia continua e inmediata en la provincia, carecían de los títulos habilitantes certificados requeridos y no demostraron la idoneidad específica para un área tan sensible del Estado. Ante el contundente rechazo de sus carpetas, las familiares del diputado presentaron recursos de reconsideración para revertir la medida, los cuales fueron desestimados por las autoridades al ratificarse que otorgarles excepciones hubiese significado una flagrante violación al principio de igualdad ante la ley respecto de los demás profesionales que sí cumplimentaron la entrega en tiempo y forma.

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