LA AGENCIA DE INNOVACIÓN SUMÓ LA SECRETARÍA DE CIBERSEGURIDAD Y REORDENA SU ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

A través de la Resolución de Presidencia N.º 295/2026, firmada por la titular de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego (AITF), Analía Cubino, el Gobierno provincial formalizó la incorporación de una Secretaría de Ciberseguridad a la estructura orgánica del organismo. La nueva área, que estará conducida por Teresita de Jesús Gómez, fue justificada a partir del incremento en la digitalización de los servicios públicos y la necesidad de resguardar los activos tecnológicos estatales frente a eventuales incidentes o ataques informáticos.

Con esta modificación, el organigrama operativo del área quedó integrado por la Secretaría de Ciberseguridad, la Dirección de Seguridad de la Información y Ciberdefensa, el Departamento de Respuesta a Incidentes y Monitoreo, y la División de Operaciones y Análisis de Vulnerabilidades.

La creación de esta nueva dependencia se da en un contexto de continuo debate respecto a la evolución presupuestaria y del personal de la AITF desde su puesta en marcha en 2022. Creada originalmente como una herramienta estratégica para impulsar la transformación de la matriz productiva fueguina, la agencia ha registrado un marcado crecimiento en sus partidas financieras e integrantes de planta.

De acuerdo con los registros oficiales, en 2023 la AITF contaba con 87 empleados —entre planta permanente y cargos políticos— y administraba un presupuesto cercano a los $4.000 millones. Para 2024, la estructura se amplió a más de 185 agentes con un gasto ejecutado de $5.400 millones. El proceso de expansión continuó en 2025, ejercicio en el cual el presupuesto superó los $8.000 millones para sostener una nómina de aproximadamente 200 personas, destinándose $8.112 millones específicamente al rubro de gastos de personal.

Actualmente, durante el ejercicio 2026, el organismo cuenta con una planta proyectada de 225 integrantes y una estimación presupuestaria que supera los $11.000 millones. La profundización del esquema técnico-administrativo reaviva las discusiones en torno al nivel de transparencia e impacto real de estas erogaciones en la economía provincial.